El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la ampliación de la Licencia General 41B, que permite a la petrolera Chevron mantener operaciones en Venezuela hasta el 27 de mayo de 2025. Sin embargo, el documento impone restricciones que refuerzan el bloqueo económico contra el país suramericano, incluyendo la prohibición de pagar impuestos, regalías o dividendos al Estado venezolano.

La medida, firmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autoriza a Chevron a realizar transacciones «ordinarias y necesarias» para liquidar actividades previamente aprobadas bajo la licencia emitida en noviembre de 2022. No obstante, el texto publicado este 24 de marzo excluye expresamente:

• Pagos de impuestos o regalías al Gobierno de Venezuela.

• Distribución de dividendos a PDVSA o sus filiales.

• Exportaciones de petróleo venezolano a países fuera de EE.UU.

• Transacciones con empresas rusas radicadas en Venezuela.

La licencia se da tras la decisión del presidente Donald Trump de revocar el 26 de febrero un acuerdo negociado por su predecesor, Joe Biden, que permitía a Chevron producir y exportar crudo venezolano pese a las sanciones. Trump ordenó a la empresa suspender en 30 días sus vínculos con PDVSA, marcando un giro en la política hacia Caracas.

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Este vaivén refleja las tensiones en la estrategia estadounidense: mientras sectores empresariales presionan por mantener acceso al petróleo venezolano, el establishment político insiste en asfixiar económicamente al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Bloqueo recargado

Las restricciones de la Licencia 41B profundizan el cerco financiero contra Venezuela. Al vetar pagos al Estado, EE.UU. busca limitar los ingresos que PDVSA podría obtener para sostener programas sociales e inversión pública. Además, la prohibición de exportar crudo fuera de su territorio consolida a EE.UU. como el posible único beneficiario de los recursos energéticos venezolanos.

El Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado oficialmente. No obstante, en declaraciones previas, el canciller Yván Gil calificó las sanciones como «actos de guerra económica» y ha exigido su levantamiento unilateral.

La eliminación de la licencia a Chevron en 2022 y su posterior reconfiguración bajo estrictas condiciones marcó un punto de inflexión en la política energética de EE.UU. hacia Venezuela.

Según análisis de Misión Verdad, la licencia original (General License 41) permitía a Chevron recuperar deudas acumuladas con PDVSA mediante la exportación de crudo venezolano, pero bajo supervisión estadounidense, lo que convertía a la empresa en un «administrador» de recursos ajenos. Esta medida, lejos de aliviar el bloqueo, consolidó un esquema de control extranjero sobre la renta petrolera venezolana, desviando ingresos clave para el país.

Ampliación de la Licencia General 41B, permite a la petrolera Chevron mantener operaciones en Venezuela hasta el 27 de mayo de 2025.

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